El problema no es cuántos musulmanes van a la mezquita leridana, sino lo qué escuchan en ella.
Pilar Rahola | 22/09/2010 |
Para los que seguimos el fenómeno del islamismo radical desde hace años, lo más descorazonador es tener la convicción de que nos equivocamos siempre de pregunta.
En el caso de Abdelwahab Houzi, el fanático imán que dirige la mezquita Ibn Hazn de Lleida y que intenta imponer una federación de mezquitas salafistas en toda Catalunya, la cuestión no trata, solamente, de aforos y seguridad.
Es decir, el alcalde Àngel Ros tiene razón cuando no permite que mil personas vayan a un local de rezo donde sólo caben unas 200, y como administrador de la ciudad debe velar por el cumplimiento de las leyes. Pero más allá de sus atribuciones, que son lógicamente limitadas, el problema global no es cuántos musulmanes van a la mezquita de la calle Nord de Lleida, sino lo que van a escuchar. Es decir, la cuestión central no es el dónde, sino el quién y el qué. Sobre el quién y el qué, en el caso del imán de Lleida Abdelwahab Houzi, sabemos bastantes cosas.
Por ejemplo, que está acusado de poligamia, que se negó a ser entrevistado por una mujer maquillada, que está a favor del burka, que predica el wahabismo más radical alentando el odio a Occidente y que los servicios de inteligencia le consideran el responsable de la creación de una policía religiosa, que presiona los locales regentados por musulmanes y controla los hábitos de toda la comunidad.
Por supuesto, está a favor de un gobierno islámico paralelo a las leyes de nuestra sociedad, cree en la conquista del mundo en favor de la umma y está en contra de los derechos de la mujer.
Es, en todos los aspectos, un fascista, sólo que al fascismo de corte islámico le llamamos fundamentalismo.
Este hombre que viaja a menudo a Arabia Saudí para recibir adoctrinamiento, está situado en el top ten del radicalismo en España, según el CNI. Y está a punto de conseguir el podio radical en toda Europa.
La pregunta, por tanto, no es dónde situaremos una mezquita para que los fieles vayan a rezar. La pregunta es si un radical, que fomenta el odio a los valores democráticos, que contamina el cerebro de los fieles usando el nombre de Dios para proyectar una ideología fanática y que es un ideólogo del wahabismo puede dirigir dicha mezquita.
¿Sólo una cuestión de aforo? Si sólo fuera una cuestión de aforo, estaríamos a la vuelta de la esquina. No. Se trata de la defensa de los valores fundamentales que nos aúnan como sociedad y permiten que musulmanes, cristianos, ateos y tutti quanti puedan vivir en convivencia.
Resulta imposible entender que un “batasuno” no pueda dar un mitin (por terrorista) y ese señor pueda hacer proclamas incendiarias, viernes a viernes. Un batasuno no però si un fanático integrista.
¿Qué estamos haciendo? Y, sobre todo, ¿qué deberíamos hacer? De entrada, lo más obvio: expulsarlo del país. Porque si no entendemos que un imán que fomenta el odio no es un hombre de Dios, sino un enemigo de la democracia, no entendemos nada.
PILAR RAHOLA
En este apartado del blog se copian articulos de otros periodicos. No somos responsables de las opiniones.
martes, 16 de noviembre de 2010
miércoles, 10 de noviembre de 2010
PARA CUMPLIR EL PACTO ALCANZADO CON EL PNV
Zapatero destina 6,5 millones 'ampliables' a jubilaciones anticipadas de ertzainas
El acuerdo alcanzado por PNV y PSOE para aprobar los Presupuestos Generales del Estado no es el único del que puede presumir la formación nacionalista. Según recogen las cuentas públicas para 2011, el Gobierno destinará 6,5 millones de euros a financiar jubilaciones anticipadas en la Ertzaintza, cuyos efectivos podrán retirarse antes que el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La cuantía es el reflejo presupuestario del pacto alcanzado por ambos partidos hace ahora doce meses y que ya provocó las críticas de UGT y CCOO por supuesto trato de favor a la policía autónoma vasca.
El montante final podría ser incluso superior en función de la cifra de policías que decidan jubilarse. No en vano el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha incluido la novedosa partida dentro de los denominados créditos ampliables, lo que permitirá al Ejecutivo incrementar los fondos en la cuantía que sea necesaria. El compromiso alcanzado por nacionalistas y socialistas en noviembre de 2009 concedía a los ertzainas un coeficiente de bonificación que les permite jubilarse a los 60 años atesorando el 100% de la base reguladora con 29 años cotizados. Antes se les exigía una cotización de 35 años.
La policía autónoma vasca cuenta actualmente con 8.000 profesionales en nómina. En tanto fue creada en 1980, los primeros efectivos ya están en condiciones de solicitar la jubilación anticipada acogiéndose a las nuevas condiciones establecidas. Un hecho que no ha pasado inadvertido a PNV y PSOE, que de esta manera buscan rejuvenecer la Ertzaintza con cargo a la Seguridad Social. La partida –y su carácter ampliable- fijada en los Presupuestos Generales para 2011 anticipa un importante número de retiros el año próximo. Las principales centrales sindicales ya criticaron que la reforma se acometió al margen del acuerdo con los agentes sociales, sin los estudios pertinentes y sin contar con otros colectivos que también lo reclaman.
Y es que los números salen con dificultad. Según calculaba el Diario Vasco cuando se aprobó la disposición, alrededor de 220 policías podían beneficiarse de la medida en lo que queda de legislatura. Una cifra que supone sólo el 2,7% de la plantilla. Sin embargo, en los próximos diez años hasta 1.602 ‘ertzainas’ superarían esa horquilla de edad, lo que implica un 20% del plantel. Unos guarismos que elevan exponencialmente los costes para el sistema, si bien los beneficiarios tendrán que pagar a la Seguridad Social un coeficiente adicional del 4%, que va aumentando según se acerca la edad de jubilación, para compensar ese sobrecoste.
La ‘caja única’ como telón de fondo
La interesada sintonía entre PNV y PSOE se ha demostrado máxima en estos dos últimos años, con las pensiones como clave de negociación en ambos ejercicios. El presidente del Gobierno y el de los nacionalistas, Iñigo Urkullu, cerraban a mediados de este mes de octubre un pacto de legislatura por el que el grupo nacionalista dará respaldo en el Congreso a Zapatero a cambio de la transferencia escalonada de las 32 competencias pendientes parar cerrar el Estatuto.
El PNV ya había logrado fechas atrás el traspaso de las políticas activas de empleo, concesión que abría el debate sobre la posible ruptura de la caja única de la Seguridad Social. De ese fondo común salen las pensiones que se pagan en todo el Estado en función de un criterio de reparto único. Una polémica alentada por el desconocimiento del texto pactado entra ambos partidos.
No es la única cuestión para la que el Gobierno se reserva la posibilidad de ampliar los créditos inicialmente presupuestados. Como es habitual, el Ejecutivo podrá aumentar la dotación para los gastos derivados de procesos electorales y consultas públicas, con las elecciones municipales en el horizonte. También deja abierta otra partida para “subvencionar los gastos electorales de los partidos políticos” a través de créditos del Ministerio del Interior. Lo mismo sucede con la dotación contemplada para liquidar la participación de las comunidades autónomas y corporaciones locales en los ingresos del Estado correspondientes a ejercicios anteriores.
El acuerdo alcanzado por PNV y PSOE para aprobar los Presupuestos Generales del Estado no es el único del que puede presumir la formación nacionalista. Según recogen las cuentas públicas para 2011, el Gobierno destinará 6,5 millones de euros a financiar jubilaciones anticipadas en la Ertzaintza, cuyos efectivos podrán retirarse antes que el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La cuantía es el reflejo presupuestario del pacto alcanzado por ambos partidos hace ahora doce meses y que ya provocó las críticas de UGT y CCOO por supuesto trato de favor a la policía autónoma vasca.
El montante final podría ser incluso superior en función de la cifra de policías que decidan jubilarse. No en vano el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha incluido la novedosa partida dentro de los denominados créditos ampliables, lo que permitirá al Ejecutivo incrementar los fondos en la cuantía que sea necesaria. El compromiso alcanzado por nacionalistas y socialistas en noviembre de 2009 concedía a los ertzainas un coeficiente de bonificación que les permite jubilarse a los 60 años atesorando el 100% de la base reguladora con 29 años cotizados. Antes se les exigía una cotización de 35 años.
La policía autónoma vasca cuenta actualmente con 8.000 profesionales en nómina. En tanto fue creada en 1980, los primeros efectivos ya están en condiciones de solicitar la jubilación anticipada acogiéndose a las nuevas condiciones establecidas. Un hecho que no ha pasado inadvertido a PNV y PSOE, que de esta manera buscan rejuvenecer la Ertzaintza con cargo a la Seguridad Social. La partida –y su carácter ampliable- fijada en los Presupuestos Generales para 2011 anticipa un importante número de retiros el año próximo. Las principales centrales sindicales ya criticaron que la reforma se acometió al margen del acuerdo con los agentes sociales, sin los estudios pertinentes y sin contar con otros colectivos que también lo reclaman.
Y es que los números salen con dificultad. Según calculaba el Diario Vasco cuando se aprobó la disposición, alrededor de 220 policías podían beneficiarse de la medida en lo que queda de legislatura. Una cifra que supone sólo el 2,7% de la plantilla. Sin embargo, en los próximos diez años hasta 1.602 ‘ertzainas’ superarían esa horquilla de edad, lo que implica un 20% del plantel. Unos guarismos que elevan exponencialmente los costes para el sistema, si bien los beneficiarios tendrán que pagar a la Seguridad Social un coeficiente adicional del 4%, que va aumentando según se acerca la edad de jubilación, para compensar ese sobrecoste.
La ‘caja única’ como telón de fondo
La interesada sintonía entre PNV y PSOE se ha demostrado máxima en estos dos últimos años, con las pensiones como clave de negociación en ambos ejercicios. El presidente del Gobierno y el de los nacionalistas, Iñigo Urkullu, cerraban a mediados de este mes de octubre un pacto de legislatura por el que el grupo nacionalista dará respaldo en el Congreso a Zapatero a cambio de la transferencia escalonada de las 32 competencias pendientes parar cerrar el Estatuto.
El PNV ya había logrado fechas atrás el traspaso de las políticas activas de empleo, concesión que abría el debate sobre la posible ruptura de la caja única de la Seguridad Social. De ese fondo común salen las pensiones que se pagan en todo el Estado en función de un criterio de reparto único. Una polémica alentada por el desconocimiento del texto pactado entra ambos partidos.
No es la única cuestión para la que el Gobierno se reserva la posibilidad de ampliar los créditos inicialmente presupuestados. Como es habitual, el Ejecutivo podrá aumentar la dotación para los gastos derivados de procesos electorales y consultas públicas, con las elecciones municipales en el horizonte. También deja abierta otra partida para “subvencionar los gastos electorales de los partidos políticos” a través de créditos del Ministerio del Interior. Lo mismo sucede con la dotación contemplada para liquidar la participación de las comunidades autónomas y corporaciones locales en los ingresos del Estado correspondientes a ejercicios anteriores.
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